La polémica desatada por la concesión inicial de semilibertad a un sentenciado por secuestro, cuya excarcelación estaba prevista hasta 2057, escaló al Congreso del Estado. El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó un pliego de 11 cuestionamientos dirigidos al Fiscal General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.

El legislador juarense manifestó su profunda preocupación por la decisión inicial del Juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives Fuentes, de conceder la semilibertad a Édgar Hernán, condenado a 37 años por secuestro. "Permitir que un secuestrador solo se interne en el penal de viernes a domingo es, a todas luces, una burla a la seriedad de la pena y un riesgo innecesario para la sociedad", sentenció Torres Estrada.

Si bien el congresista reconoció la actuación inmediata de la Fiscalía de Distrito Zona Centro al interponer el recurso de apelación que anuló la semilibertad, enfatizó la "coincidencia temporal" de los hechos: la decisión original se tomó a finales de septiembre, apenas tres semanas después de la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial. El punto de mayor alarma para el diputado es que el sentenciado beneficiado es hermano directo de la Magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.

A continuación, se presentan las preguntas que el Congreso, actuando como garante del equilibrio de poderes, solicita responder de manera oficial al titular de la FGE:

A) Sobre la Resolución y el Proceso Judicial

1. Postura Oficial: ¿Cuál es la postura oficial de la Fiscalía sobre el resolutivo emitido en respuesta al recurso de apelación de la toca 93/2025, que anula la semilibertad y ordena reponer el procedimiento?
2. Fallas en la Decisión Original: ¿Qué fallas o inconsistencias identificó la Fiscalía en la decisión original del Juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives Fuentes, que llevaron a apelar la concesión del beneficio de semilibertad?
3. Implicaciones del Cambio de Juez: ¿Qué implicaciones tiene el cambio del Juez de Ejecución de Penas para la nueva audiencia? ¿Garantiza la Fiscalía que este cambio asegurará una aplicación más estricta de la ley?
4. Aplicación de la Ley de Ejecución: ¿Puede la Fiscalía confirmar si la anulación de la resolución y la reposición del concedimiento de la semilibertad son el resultado de un análisis profundo sobre la correcta aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en este caso específico?
5. Estrategia Argumentativa: ¿De qué manera la Fiscalía está preparando la argumentación para la audiencia de revisión de la medida cautelar y la impugnación de la causa penal 226/2025, para asegurar que se mantenga la pena de 37 años de prisión originalmente impuesta?

B) Sobre los Tiempos y la Transparencia

1. Fecha de Audiencia: ¿Se tiene una fecha estimada para la audiencia de revisión de la medida cautelar y la asignación de la nueva Sala Penal que estará a cargo de la impugnación, como lo ha solicitado la Fiscalía?
2. Máxima Transparencia: ¿Qué medidas tomará la Fiscalía para garantizar la máxima transparencia en este nuevo proceso judicial, considerando la preocupación pública que generó la primera determinación de semilibertad?
3. Relación con Nuevo Poder Judicial: Dado que el cambio en la sentencia se dio a finales de septiembre, "tres semanas después de que entrara en funciones el nuevo Poder Judicial", ¿ha identificado la Fiscalía alguna posible relación o patrón con otros casos similares derivados de la entrada en vigor del nuevo Poder Judicial?

C) Sobre el Impacto y la Prevención

1. Mensaje a las Víctimas: ¿Qué mensaje envía la Fiscalía, bajo su dirección, a las víctimas de secuestro y a la ciudadanía en general al apelar y lograr la anulación de un beneficio de semilibertad a un sentenciado por un delito tan grave?
2. Revisión de Criterios: ¿Considera la Fiscalía que este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y/o clarificar los criterios de aplicación de la figura de semilibertad para sentenciados por delitos de alto impacto como el secuestro?

El diputado Torres Estrada señaló que el Congreso espera la respuesta oficial del Fiscal General para asegurar la legalidad y el equilibrio entre los poderes del Estado.