Denuncian a excolaboradores del exministro Arturo Zaldívar.

Se ordena una investigación para aclarar los hechos denunciados, ya que podría haberse incurrido en alguna causa de responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril pasado, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha comenzado una investigación sobre excolaboradores del exministro Arturo Zaldívar. Se les acusa de supuestamente interferir en la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el fin de promover intereses personales y de terceros.

Las acusaciones están dirigidas principalmente hacia Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien ocupaba el cargo de exsecretario general de la Presidencia del CJF. Se le imputa haber ejercido presiones, extorsiones y amenazas sobre jueces para obtener fallos favorables, ofreciendo incentivos políticos y económicos, así como asignaciones ventajosas. Estas acusaciones provienen de fuentes judiciales.

La denuncia también involucra al exjefe de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el magistrado Jaime Santana Turral, cuya área se presume que fue utilizada para presionar a jueces y magistrados.

Además, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, dirigida por Arely Gómez González, actualmente auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), amenazaron con imputar responsabilidades administrativas a los titulares mediante quejas existentes o inventadas.

La denuncia también sugiere que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para socavar la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Por tanto, se ordena una investigación para aclarar los hechos denunciados, ya que podría haberse incurrido en alguna causa de responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se aclara que el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y sancionar los actos atribuidos a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además de Alpízar Salazar y Santana Turral, la denuncia también menciona al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval, y al ahora magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra Rosario Robles por el caso de la "Estafa Maestra".