Durante la primera ronda, el diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) advirtió que se trata de una ley “rígida y centralista”, sin presupuesto suficiente y con efectos negativos para productores e industria. Afirmó que recorta derechos y convierte el agua en un instrumento de control político.

Desde Morena, la diputada Martha Olivia García subrayó que la propuesta corrige rezagos históricos, fortalece la rectoría del Estado y prioriza que el agua llegue a quien realmente la necesita.

La diputada Laura Ballesteros (MC) reclamó que persiste una profunda desigualdad hídrica en el país, donde millones siguen sin acceso y una minoría concentra gran parte del recurso. Consideró que, en vez de una reforma estructural, se impulsa un proyecto con tintes políticos.

Azucena Huerta Romero (PVEM) negó que se busque privatizar el agua de lluvia y afirmó que el dictamen promueve su uso responsable, protege la recarga natural y evita impactos al ciclo hidrológico.

Desde el PRI, Leticia Barrera señaló que el documento elimina el régimen de transmisiones de derechos, establece procesos discrecionales y podría perjudicar al sector agroalimentario, además de incorporar delitos penales que —dijo— afectan a productores.

Por el PT, Roberto Corral Ordóñez sostuvo que la iniciativa recoge propuestas surgidas en los foros legislativos y reconoce derechos de pueblos originarios. Aseguró que defenderá el recurso para todas y todos.

De nueva cuenta desde el PAN, Theodoros Kalionchiz advirtió que la reforma no garantiza acceso, metas técnicas ni infraestructura, y que otorga al Gobierno Federal la facultad de decidir cuánta agua entregar y por cuánto tiempo.

En contraste, el morenista Francisco Borrego señaló que el dictamen mantiene las facultades de los Organismos de Cuenca para expedir concesiones y que la prórroga de títulos se analizará con base en la responsabilidad hídrica y obligaciones fiscales.

El priista Juan Antonio Meléndez acusó que la reforma vulnera derechos adquiridos, limita transmisiones por herencia o venta y obliga a solicitar autorizaciones administrativas, lo cual —advirtió— afecta la seguridad jurídica del sector productivo.

El diputado Jesús Martín Cuanalo (PVEM) destacó que la reforma reconoce al agua como bien público, prioriza el consumo humano y la producción agroalimentaria y combate la sobreexplotación de acuíferos.

PAN y PRI insistieron en que el dictamen daña la certeza jurídica del campo, fortalece el centralismo y criminaliza a productores. Morena respondió que por primera vez se reconoce a más de 80 mil sistemas comunitarios de agua y el derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Segunda ronda

En la segunda ronda, Annia Gómez (PAN) aseguró que la reforma cambia el derecho al agua por un “permiso del gobierno”, al centralizar decisiones sobre pozos y presas.

Por Morena, Juan Hugo de la Rosa afirmó que la iniciativa combate la corrupción en la gestión del agua y fortalece la rectoría del Estado, poniendo en primer lugar el acceso humano y el uso agrícola.

MC, a través de Miguel Ángel Sánchez, manifestó su inconformidad por las numerosas correcciones que no fueron consultadas y acusó que no se tomó en cuenta su propuesta de ley alterna.

PVEM defendió que la iniciativa clarifica la prioridad de uso: primero personas, luego el sector agropecuario, industrial y recreativo. PRI y PAN insistieron en que la criminalización, las restricciones a concesiones y la discrecionalidad perjudicarán al campo.

Morena respondió que el documento establece principios obligatorios para estados y municipios, evita el acaparamiento y promueve el saneamiento como obligación legal.

Tercera ronda

En la tercera ronda, PAN y PRI reiteraron que la ley mantiene restricciones críticas como la imposibilidad de transmitir concesiones incluso por herencia, lo que —aseguraron— rompe la unidad histórica de tierra y agua y constituye un “despojo silencioso”.

Morena, PT y PVEM defendieron que la reforma recupera la rectoría del Estado, rompe con prácticas privatizadoras y pone al centro el derecho humano al agua, la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Afirmaron que se trata de un cambio de paradigma que deja atrás el uso mercantil del recurso.