La Tierra Caliente de Michoacán se tiñó de sangre y luto tras el brutal asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA). El crimen ocurrió apenas tres días después de que Bravo Manríquez denunciara enérgicamente y advirtiera que prohibiría el acceso al Tianguis Limonero a intermediarios o 'coyotes' controlados por el crimen organizado. El líder agricultor, quien había exhibido extorsiones y la actuación impune de sicarios, fue encontrado con huellas de tortura y un balazo en la cabeza.

El cuerpo de Bravo Manríquez fue localizado el día de ayer, con el torso desnudo y signos de haber sido torturado, al interior de su camioneta gris en el camino Apatzingán-Tepetates. Reportes iniciales indican que su muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza.

Su deceso se produjo pocos días después de que el líder, que representaba a mil 800 productores de varios municipios, liderara protestas y emitiera un video desafiante el 16 de octubre:

"El lunes (ayer) no vamos a permitir el acceso a ningún corredor, ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él", advirtió el agricultor.

En la región operan grupos criminales como Los Viagras, Blancos de Troya o células del CJNG, quienes controlan el precio y la distribución a través de la extorsión. Bravo había denunciado que estos grupos buscaban la "imposición y tener el control ahora, dar órdenes de ésto, de pedir, cobrar, de todo; el tema de amenazas es mayúsculo."

La Fiscalía de Michoacán (FGE) inició inmediatamente una carpeta de investigación por el homicidio. Horas después del hallazgo del cuerpo, las autoridades informaron sobre la captura de Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano".

De acuerdo con las autoridades, López Mendoza es presunto jefe operativo del grupo delictivo "Los Blancos de Troya" —asociado a Los Viagras y al CJNG— y fue señalado como el autor intelectual del asesinato. Las primeras indagatorias sugieren que Bravo, de 41 años, fue privado de su libertad, llevado a la localidad de Cenobio Moreno donde fue torturado, antes de que su cuerpo fuera abandonado.

Bernardo Bravo, quien era esposo de la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, había denunciado la crisis del campo y la necesidad de financiamiento. También había presionado al Gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla para instalar un cuartel militar en la zona, el cual fue inaugurado en febrero con una inversión de 13 millones de pesos, precisamente para combatir la ola criminal que hoy cobró su vida.

Nota referencia: Reforma.