En cuanto a la iniciativa presentada al Congreso de la Unión para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo a la atención médica, el Poder Legislativo local considera necesario resaltar la obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar atención médica oportuna, incluyendo atención psicológica y psiquiátrica, a las personas privadas de libertad.

Finalmente, el Congreso del Estado ha emitido un acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México la instalación de un nuevo Centro de Reinserción Social Federal en la entidad. También se pide al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social trasladar a los centros federales de readaptación social a las personas privadas de libertad relacionadas con delitos del fuero federal.

Estas acciones responden a la sobrepoblación penitenciaria en Chihuahua, donde hay 230,000 personas privadas de libertad en 284 centros penitenciarios, con 132 de ellos mostrando sobrepoblación. A nivel nacional, 18 estados tienen una sobrepoblación que va desde el 0.45% hasta el 142%, con Chihuahua presentando un 20.52% de sobrepoblación.

En contraste, los centros penitenciarios federales tienen capacidad para 28,520 personas, con una ocupación de 18,855, dejando 9,665 espacios libres. Esto sugiere que la federación podría acoger a las personas privadas de libertad relacionadas con delitos federales en Chihuahua, lo que aliviaría la presión en los penales estatales.