La narrativa oficial de seguridad en el estado de Chihuahua enfrenta un duro cuestionamiento tras la contundente intervención de la diputada Leticia Ortega Máynez. La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena puso en duda la efectividad de las políticas actuales y la veracidad de los datos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, advirtiendo que la realidad que viven las familias chihuahuenses dista mucho de las cifras optimistas del gobierno. Según Ortega, el estado persiste como uno de los epicentros de la violencia en México, ocupando niveles alarmantes en homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La crítica central apunta a una presunta manipulación metodológica en los informes estatales, donde se comparan periodos de gobierno completos en lugar de presentar datos anuales desglosados que permitan una evaluación objetiva. La diputada denunció que el uso de cifras absolutas, omitiendo las tasas por cada 100 mil habitantes, es una estrategia que impide dimensionar la magnitud real del baño de sangre que afecta a la entidad. Para la legisladora, la seguridad pública no puede cimentarse en discursos que privilegian la narrativa política por encima del dato verificable y crudo que arrojan las calles día tras día.

Además de señalar posibles inconsistencias entre los reportes locales y los federales, Ortega subrayó el impacto de la "cifra negra" de delitos que no se denuncian y que son ignorados en las estadísticas oficiales. Ante este panorama de opacidad, el Congreso del Estado ha sido llamado a ejercer su deber constitucional de exigir transparencia total y rendición de cuentas. La advertencia es clara: ocultar la magnitud del problema bajo informes parciales no detendrá la violencia, y la autoridad estatal está ahora obligada a responder preguntas puntuales sobre la efectividad real de su estrategia de seguridad en este 2026.