En un despliegue de autoridad diseñado para blindar el sustento de las familias mexicanas frente a la crisis global, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una ofensiva total contra la inflación y los abusos comerciales. A pesar del caos en los mercados internacionales por el conflicto en el Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el Gobierno de México ha logrado contener el impacto económico mediante acuerdos estratégicos con productores y comercializadores. La orden es tajante: no se permitirán incrementos descontrolados en los 24 productos esenciales de la canasta básica ni en los combustibles, manteniendo una vigilancia estrecha sobre los precios del diésel y la gasolina para que el pueblo no pague los platos rotos de la inestabilidad externa.

El golpe al alto costo de la vida ya es tangible con la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), logrando que la canasta básica se desplome de los mil 039 a solo 910 pesos, una reducción directa que alivia la presión en los hogares más necesitados. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que se mantendrán los estímulos fiscales para que la gasolina regular no supere los 23.99 pesos y el diésel se mantenga bajo control. Sin embargo, para quienes intenten lucrar con la necesidad, la Profeco ya inició una cacería de abusivos: hasta el pasado 13 de abril se han intervenido 27 estaciones de servicio, colocando sellos de advertencia a 13 de ellas por precios excesivos, dejando claro que en esta administración no habrá espacio para la especulación ni el lucro desmedido a costa del bienestar popular.