El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, salió en defensa de la controversial reforma a la Ley de Amparo, asegurando que su objetivo central es modernizar el sistema judicial y equilibrar los intereses colectivos sobre los individuales. En entrevista, el legislador destacó que la reforma sentará las bases para la tramitación electrónica del recurso.

"Se podrán llevar un juicio de amparo completo desde un teléfono o desde una terminal de computadora, lo que implica una ampliación del acceso a la justicia," subrayó Inzunza Cázarez.

Modulación Histórica y Equilibrio de Intereses

El senador rechazó categóricamente que el proyecto tenga "dedicatoria", insistiendo en que se trata de una ley general. Explicó que la suspensión del amparo ha admitido históricamente modulaciones, y que la actual reforma responde a problemáticas contemporáneas, como el uso del sistema financiero para el lavado de dinero, una circunstancia no valorada en normas anteriores.

"Ahora se busca generar un equilibrio entre el interés colectivo y el interés de cada persona, en lo individual. Creo que es una gran reforma y creo que se ha hecho una narrativa que no corresponde al contenido de ésta”, expresó.

No es Recaudatoria, sino de Ejecución

Al abordar la crítica de que la reforma es un intento recaudatorio, Inzunza Cázarez lo negó, argumentando que busca proporcionar instrumentos para que las instituciones cumplan con su función constitucional.

El senador precisó que el problema atañe a "grandes contribuyentes" que han encontrado "ciertos resquicios" en la ley actual para alargar de manera indefinida los procedimientos de cobro.

"De lo que se trata es de que los cobros firmes, los créditos firmes que ya tuvieron garantías de audiencia, que ya tuvieron la oportunidad de defenderse, ya se puedan ejecutar," puntualizó.

Finalmente, el legislador dejó en claro que la aplicación de la ley, ya sea la antigua o la reformada, estará en última instancia en manos de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, quienes tendrán la última palabra para valorar su aplicación.