La Ciudad de México enfrenta un dilema previo al Mundial 2026: cómo regular las rentas temporales a través de plataformas como Airbnb. Por un lado, algunos sectores del gobierno y la iniciativa privada presionan para relajar temporalmente los límites de hospedaje; por otro, legisladores y organizaciones vecinales alertan sobre la creciente presión inmobiliaria y los desplazamientos que esta flexibilización podría generar.

El diputado local del PT, Gerardo Villanueva, explicó que el debate en el Congreso local es real: mientras unos dicen que la ciudad no tiene suficiente capacidad hotelera, otros advierten que relajar los controles afectaría aún más a los residentes. La regulación vigente permite un máximo de seis meses de hospedaje por inmueble, cifra que ya es más permisiva que en otros países, y varios amparos han frenado la implementación del padrón obligatorio de anfitriones, dejando a la ciudad en un limbo jurídico.

Villanueva destacó que la raíz del conflicto es el encarecimiento brutal de la vivienda: muchos propietarios prefieren alquilar vía plataformas digitales porque pagan mejor, expulsando a jóvenes, familias y adultos mayores de sus colonias. Entre 2012 y 2018, sumado al sismo de 2017 y la pandemia de COVID-19, la capacidad del gobierno para generar vivienda social se debilitó, agravando la gentrificación.

Hoy más de 23 mil familias (unas 100 mil personas) han tenido que mudarse por el aumento de rentas, muchas hacia Iztapalapa o al Estado de México, mientras mantienen su registro electoral en sus colonias de origen. Según Villanueva, el déficit actual de vivienda en la CDMX supera las 600 mil unidades, y aunque el gobierno local planea 200 mil acciones de vivienda, la presión inmobiliaria sigue siendo un desafío monumental.

El diputado insistió en que un evento temporal como el Mundial, que representa apenas cinco partidos en dos meses, no puede justificar desmantelar políticas de vivienda ni permitir que más residentes sean desplazados por la especulación.

Nota referencia: El Sol de México.